¿Cómo impulsar la participación pública en el ciclo presupuestario en México?
Compartir conocimiento, experiencias y prácticas entre diferentes actores y países, sin duda, puede generar resultados positivos. El caso de México y su trabajo en el marco de la Iniciativa Global por la Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés) es un ejemplo de ello.
Por más de un año, en México se ha estado trabajando para elaborar una Iniciativa de Ley para formalizar la participación pública en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos en el Congreso. Después de una serie de consultas y conversatorios con legisladores, expertos en participación pública, funcionarios del Ministerio de Finanzas (Secretaria de Hacienda y Crédito Público) y miembros de la sociedad civil, se elaboró la Iniciativa de Ley mencionada y será presentada en el Cámara de Diputados el próximo septiembre.
La inspiración para impulsar este proyecto provino enteramente del trabajo y evidencia generados por la red GIFT. La importancia de asistir a reuniones, escuchar sobre lo que otros países están haciendo, los obstáculos que han enfrentado en el camino y los resultados que han obtenido, así como, leer investigaciones serias al respecto, no se puede negar. Lo anterior sensibiliza a los actores y tomadores de decisión, y puede ser una influencia poderosa para elaborar y propiciar políticas públicas y marcos normativos diferentes.
¿Cómo comenzó todo? El proceso inició en Fundar, Centro de Análisis e Investigación (Fundar) con una pregunta específica: ¿Qué hacemos para impulsar la participación pública en el ciclo presupuestario en México? Después de revisar la evidencia elaborada por GIFT sobre cómo se da la participación pública en México y en otros países, una cosa quedaba clara: en el país existen mecanismos que propician la participación pública en el presupuesto, pero en la mayoría de los casos, ocurren de forma informal, son esfuerzos dispersos y no están en las leyes.
Al analizar las diversas etapas del ciclo presupuestario, Fundar consideró que la de discusión-aprobación del presupuesto en el Congreso era un buen punto de partida. Se pensó que en esta etapa era donde existían las mayores posibilidades de propiciar un cambio en el marco normativo y llevarlo a la práctica para impulsar la participación pública. Esto fue así, pues derivado de la experiencia de Fundar como investigador del Open Budget Index (OBI) se sabía que en la etapa de formulación del presupuesto es donde todavía existe menor transparencia presupuestaria y generalmente, mayor resistencia a publicar los criterios conbase enlos cuales se asigna el gasto público y, por lo tanto, más barreras para la participación. Mientras que, tanto en la ejecución del presupuesto en México como en la fiscalización, en términos de participación ciudadana a nivel federal, como país apenas estamos empezando. Sin embargo, en la discusión-aprobación del presupuesto sucedía algo diferente. Año con año personas, organizaciones, empresas se acercan a los legisladores para hacer propuestas y peticiones respecto al presupuesto de egresos. En esta etapa la participación pública ya estaba ocurriendo, aunque sin garantizar la transparencia en el proceso ni la ocurrencia mejores prácticas a nivel internacional.
Se redactó una primera iniciativa, se buscaron aliados en el Congreso, en el Ministerio de Finanzas y en la sociedad civil. Desde el inicio, diversos actores se sumaron a la iniciativa y mostraron su apoyo en distintas formas: asistiendo a conversatorios, revisando y opinando la iniciativa, e impulsándola en el Congreso con otros actores políticos. Diputados de diferentes partidos y el Colectivo Peso, un grupo de nueve organizaciones que trabajan el tema de presupuesto, son ahora los principales promotores de la misma.
Es el principio del camino y aunque todavía no sabemos qué va a pasar en la Cámara de Diputados y cuál será el resultado final de esta propuesta, creemos que como dice el dicho: poco a poco se va lejos. Este esfuerzo ha servido para posicionar el tema en la agenda pública en México y encontrar aliados que apoyan y creen en la participación pública como un insumo útil para mejorar la toma de decisiones en materia presupuestaria y en las políticas públicas.